El talón de Aquiles de la seguridad laboral: la alta siniestralidad
La seguridad laboral continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes del mercado de trabajo español. A pesar de los avances legislativos y de las campañas de concienciación impulsadas desde las administraciones públicas, los datos siguen mostrando una realidad preocupante. La siniestralidad laboral no disminuye al ritmo deseado por lo que continúa cobrándose vidas y dejando secuelas físicas y psicológicas en miles de personas cada año.
Basta con mirar los informativos o abrir cualquier periódico para encontrarse con una noticia relacionada con accidentes laborales. Este fenómeno, se ha convertido en una constante trágica en el panorama laboral.
Los datos son abrumadores. Según un informe publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, durante el año 2023 se produjeron 624.911 accidentes de trabajo, de los cuales más de 3.000 fueron graves y 721 terminaron en fallecimiento. Estos datos reflejan la gravedad de la situación.
En el 2024, las cifras no fueron más esperanzadoras. Según el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) el año terminó con casi 800 personas trabajadoras muertas en accidentes durante su jornada laboral. El mismo sentido arrojan los datos estadísticos de avance facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes al 2024, se han producido 1.179.202 accidentes de trabajo, de los que 628.300 han causado la baja laboral de la persona trabajadora. También se han notificado 552.902 accidentes de trabajo sin baja. Durante 2024 se registran 796 accidentes mortales, 75 más respecto a los datos del año de 2023, aumentando esta cifra en un 10,4%. Son 728 hombres y 68 mujeres que han perdido la vida por el simple hecho de ir a trabajar.
Los últimos datos de Eurostat reflejan que los trabajadores españoles sufren 2.656,73 infortunios por cada 100.000 habitantes, lo que situaría a España en el tercer lugar dentro del ranking de la Unión Europea . La media de la Unión Europea se sitúa en 1.623,97 afectados por cada 100.000 habitantes, una cifra que queda lejos en nuestro país.
La siniestralidad laboral también implica un fuerte impacto económico. Los costes originados por los accidentes laborales incluyen aspectos como indemnizaciones, atención sanitaria, pérdida de productividad…
A pesar de los diferentes Planes de choque puestos en práctica frente al elevado índice de siniestralidad Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas con mayor índice de accidentes laborales. Según UGT, en dicha comunidad autónoma se producen 257 accidentes laborales cada 11 horas, una cifra alarmante que ha llevado a la Junta de Andalucía a tomar medidas urgentes.
En este contexto, se ha puesto en marcha un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral, que busca frenar la escalada de accidentes durante la jornada laboral y mejorar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo Jorge Carbajal, Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de la Junta de Andalucía, explica en qué consisten estas nuevas acciones: “ Una parte de las actuaciones consisten en un incremento de las actuaciones de vigilancia, control y seguimiento de las empresas, especialmente las que tienen altos índices de siniestralidad.Es aún pronto para poder establecer conclusiones definitivas sobre el éxito del Plan de Choque.”
Las medidas de control y supervisión son una herramienta importante para detectar fallos en la prevención, pero no son suficientes por sí solas. Para que realmente se reduzcan los riesgos laborales, es fundamental que exista una verdadera cultura preventiva tanto en los empresarios como en los trabajadores. Sin concienciación, cualquier estrategia técnica queda coja.
En virtud de lo preceptuado por los artículos 18 y 19 de la ley de prevención de riesgos laborales (LPRL), todo el personal de la plantilla, previo al inicio de la actividad en la empresa, recibirán información y formación sobre los riesgos derivados de sus tareas y en la utilización segura de los equipos de trabajo. Se ha de informar a los trabajadores antes del inicio del trabajo y operaciones a realizar, instruyendo a los mismos en los procedimientos de trabajo y la utilización adecuada del material y herramientas de trabajo.
La falta de formación y concienciación en prevención de riesgos laborales sigue siendo uno de los mayores obstáculos para erradicar los accidentes. El profesor Vicente Castelló Roselló, en su informe sobre la siniestralidad, sostiene que en España el 48% de los centros de trabajo no proporciona una información suficiente ni adecuada sobre seguridad laboral al inicio del contrato o cuando el trabajador cambia de función.
Lo anteriormente expuesto pone de relieve que la prevención no siempre está integrada de forma real y efectiva en la estructura de las empresas. Se descuida o se obvia la formación inicial y continua, lo cual conlleva un incremento del riesgo de accidentes laborales, especialmente en sectores de alta rotación o con elevado grado de temporalidad.
Carbajal añade: “Este problema trae causa de muchos responsables y que todo se reduce a una falta de conciencia y de formación de todos los implicados. Además, indica que no cree que haya una conciencia social contra las empresas que arriesgan la vida de sus trabajadores en el trabajo y eso agranda más el problema”.
La escasa presión social y mediática sobre las empresas incumplidoras genera una sensación de impunidad. Mientras no se denuncie de forma clara y contundente el desprecio por la seguridad de algunos empresarios, el cambio será lento y parcial.
Por otro lado, las estadísticas revelan una serie de factores recurrentes entre las víctimas de accidentes laborales: edad inferior a 25 años, escasa experiencia (menos de dos años), pertenencia a sectores productivos de riesgo (construcción, agricultura, industria), condiciones laborales precarias, jornadas excesivas y ausencia de formación específica en seguridad.
Estas causas ponen de manifiesto que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural. Para hacerle frente, es necesario actuar desde la base, reformando los modelos de acceso al empleo, profesionalizando los entornos de trabajo y exigiendo formación obligatoria en prevención.
En este sentido, Juan Antonio Márquez, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, apunta que: “Se debería de realizar alguna reforma en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya que se ha quedado obsoleta en el sentido de que es general y se podrían tomar algunas medidas en sectores de contrataciones muy eventuales, como el sector agrícola. También se deben desarrollar unas campañas para que los empresarios se conciencien de que es primordial el realizar una gestión preventiva eficaz, y que se deben de involucrar en ello. Además los SPA’s (Servicio de Prevención Ajenos) deberán de tener personal humano suficiente para llevar a cabo un asesoramiento eficaz a todas las empresas clientes que tienen. Por último se debe invertir en personal humano para intensificar la supervisión de la gestión preventiva de las empresas mediante inspecciones constructivas con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores”.
En definitiva, Márquez pone el foco en varios aspectos clave: actualizar la legislación, fortalecer los servicios de prevención, invertir en recursos humanos y fomentar una prevención real, no solo formal o documental.
Hay que tener en cuenta que aunque existen inspecciones y sanciones, en muchos casos los empresarios prefieren asumir una multa antes que invertir en seguridad laboral. Esto se debe, en parte, a que las sanciones no siempre resultan disuasorias ni tienen un impacto real en los beneficios empresariales. Además, algunas prácticas normativas poco claras dificultan una aplicación coherente de la ley. Sobre esto, Márquez afirma: “Se debe concienciar a las empresas de los aspectos importantes que deben gestionarse obligatoriamente en prevención. Se consigue más con concienciación que tratando de avasallar a las empresas con requerimientos súper extensos y a veces sin mucho fundamento. En ocasiones, hay que ser coherente en la aplicación de la ley”.
La clave puede estar en equilibrar el control con la formación y el acompañamiento, promoviendo que las empresas interioricen la seguridad como parte de su cultura organizativa, y no solo como una obligación legal. Que sean ellas mismas las que actúen como si fueran “inspectores” de su propia actividad.
Reducir los índices de siniestralidad laboral no es responsabilidad exclusiva de las administraciones públicas o de los empresarios. Es un reto colectivo que involucra a instituciones públicas, sindicatos, servicios de prevención, medios de comunicación, trabajadores y la sociedad en general.
El paso hacia un entorno laboral más seguro exige una apuesta firme por la formación de calidad, una cultura preventiva sólida, legislación actualizada y realista, y sobre todo, concienciación. Hay que tener en cuenta que detrás de cada accidente hay un rostro, una familia, un futuro truncado.
El verdadero cambio llegará cuando todas las partes entiendan que la seguridad no es una carga, sino una inversión en bienestar, dignidad y justicia laboral. Mientras tanto, la falta de medidas preventivas y la imprudencia, derivada muchas veces del desconocimiento o la presión, seguirán siendo el talón de Aquiles de la seguridad laboral en España.
Periodista en EUSA NEWS
Jefa Sección De Moda
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