Cuando las causas sociales se vuelven estrategia política
La politización de causas sociales puede impulsar reformas necesarias y recursos para colectivos vulnerables, pero también pueden desgastar la legitimidad de esas causas.
Cada vez que aparece una causa social relevante, como la defensa de la igualdad de género o los derechos del colectivo LGTBIQ+, surge la duda entre muchos ciudadanos, ¿apoyan los partidos políticos estas luchas de manera sincera o las utilizan únicamente para ganar apoyo electoral? La línea entre un compromiso real y una estrategia política es mucho más fina de lo que parece.
En España, partidos como el PSOE han integrado la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista en el centro de su discurso político, con campañas públicas destacadas y conmemoraciones del 8 de marzo fuertemente respaldadas por figuras del partido. Frases como “La España que quieres es feminista” se han convertido en parte de la comunicación política durante procesos electorales, mostrando cómo estos temas sociales pueden formar parte de la narrativa de campaña para atraer al electorado progresista. Además, encuestas muestran que una mayoría del electorado LGTBIQ+ tiende a apoyar a partidos de izquierda, en parte por su defensa explícita de derechos.
Cabecera de la manifestación del 8-M, en Madrid. JAVI MARTÍNEZ
Por su parte, Vox, ha contrapuesto discursos críticos hacia lo que califica de “ideología de género” y ha promovido mensajes como “Fuera chiringuitos de género” para movilizar a su base, posicionando al feminismo como un elemento de confrontación política más que de consenso social. Este tipo de discursos no solo se limita a slogans, también se refleja en eventos públicos. Por ejemplo, ha habido críticas de dirigentes de Vox acusando a actos feministas de ser “políticos” y de excluir a ciertas formaciones políticas, lo que alimenta aún más la polarización.
El apoyo a los derechos de las personas LGTBIQ+ también ha ocupado un lugar destacado en las estrategias políticas de varios partidos. El PSOE y otras formaciones de izquierda han defendido legislaciones y políticas inclusivas, y figuras de estos partidos participan regularmente en marchas como el Orgullo de Madrid, que combina celebración social con presencia política institucional.
En contraste, formaciones conservadoras han utilizado la cuestión desde otra óptica, criticando ciertas políticas de identidad de género o planteando debates sobre cómo se legisló o se comunica sobre estos temas. Esto ha generado fricciones, como críticas a pactos políticos que, según sectores progresistas, “borran” a personas LGTBIQ+ o bloquean fondos para combatir la LGTBIfobia en determinadas regiones.
Un ejemplo de cómo la acción social y la política pueden ir de la mano es Irene Montero, dirigente de Podemos y exministra de Igualdad. Durante su etapa al frente del ministerio, que terminó en noviembre de 2023, impulsó leyes y medidas enfocadas en la igualdad de género, la protección frente a la violencia machista y los derechos del colectivo LGTBIQ+. Entre sus principales iniciativas se encuentran reformas para garantizar la libertad sexual, facilitar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y programas de apoyo integral a víctimas de discriminación y violencia, buscando transformar los derechos sociales en acciones concretas que impacten directamente en la vida de la ciudadanía.
Irene Montero LGTBI David Castro / David Castro
Las causas sociales pueden generar resultados concretos y positivos, la visibilización, apoyo institucional, legislación y recursos destinados a grupos que antes estaban marginados. Sin embargo, cuando estas causas se utilizan como eslóganes de campaña o como etiquetas en redes sociales sin acompañarse de acciones constantes y profundas, corren el riesgo de ser percibidas como estrategias de marketing político más que como compromisos éticos. La politóloga Ana Torres explica que “cuando un partido se apropia de una causa social, puede generar visibilidad, pero también polarización.
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