Puigdemont pone en jaque mate al Gobierno

Más de una cuarentena de dirigentes de Junts, entre ellos Puigdemont, se reunieron desde las 10:00 en Perpinyà para definir el futuro de las relaciones entre la formación independentista y los socialistas. Desde el inicio de la legislatura, han amenazado al Ejecutivo con ponerle fin si no se satisfacían sus demandas; el último aviso lo dio Míriam Nogueras, asegurando a Sánchez que “es la hora del cambio”.

Todos los dirigentes presentes votaron de manera unánime romper con el PSOE. Esto significa que, para el Gobierno de coalición, será prácticamente imposible aprobar nuevas leyes, sacar adelante los presupuestos y mantener la estabilidad del Ejecutivo. Esta ruptura se debe a la falta de acuerdos en temas como la ley de amnistía, el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat o la oficialidad del catalán en la UE. Sobre esta última medida, el Gobierno ha encontrado escasos apoyos en Europa para sacarla adelante.

Por el momento, el Ejecutivo se mantiene a la espera de la comparecencia de los líderes de Junts, programada para las 17:00 de hoy. “No vamos a hacer suposiciones a la espera de una valoración oficial. Respetamos las dinámicas internas de todos los partidos políticos, incluido Junts. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación”, afirmó Montse Mínguez, portavoz de la dirección del PSOE.

Desde hace tiempo, la mayoría progresista en el Parlamento pende de un hilo. Los de Puigdemont apoyaron a Sánchez a cambio de una serie de medidas que han generado un claro desgaste del Gobierno. Entre ellas destacan la destinación de al menos el 20 % de las inversiones del Estado a Cataluña, una senda presupuestaria favorable para la comunidad catalana y la conocida “ley de amnistía”.

La diputada de JxCat Míriam Nogueras esta semana en el Congreso. EFE

El 23 de julio de 2023, la ciudadanía fue llamada a las urnas. El bloque progresista, formado por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Sumar, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), EH Bildu, PNV (Partido Nacionalista Vasco), BNG (Bloque Nacionalista Galego) y CC (Coalición Canaria), sumó 173 escaños en el Parlamento. Por su parte, el bloque conservador, conformado por el Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), obtuvo 170 escaños.

Con esos resultados todo dependía de un partido, concretamente, del futuro judicial de Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya (Junts). La formación obtuvo siete escaños en las distintas circunscripciones catalanas y perdió más de 130 000 votos con respecto a los comicios anteriores. Este resultado era suficiente para determinar el futuro del Ejecutivo, y volver a las urnas no era una opción.

Sánchez aceptó las condiciones que pedía Junts para la formación del Gobierno progresista, destacando especialmente la “ley de amnistía”, que otorga perdón a todas las personas implicadas en el proceso independentista desde 2012 hasta 2023, incluyendo líderes políticos, activistas y funcionarios.

Actualmente, la ley ha sido aprobada y ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), aunque las instancias judiciales inferiores todavía evalúan su aplicación. Distintos delitos se imputan a Puigdemont, entre ellos malversación. La ley no ampara este delito, ya que implica un enriquecimiento patrimonial del expresident de la Generalitat, por ello, su situación judicial en España sigue en el aire. El Tribunal Supremo sentenció que los líderes independentistas financiaron el 1-O con fondos públicos en lugar de privados, justificando así la exclusión de la ley en estos casos.