La muerte de Sandra Peña desnuda el sistema: ¿por qué fallan los protocolos anti-acoso?
Era solo una niña de 14 años, alegre y apasionada del fútbol, pero detrás de esa fachada de normalidad, Sandra Peña cargaba con un peso que nadie debió permitir: el acoso escolar. Y, peor aún, un sistema que falla a las víctimas.
El martes pasado, Sandra decidió poner fin a su vida. La noticia sacudió Sevilla, pero no debería sorprendernos: su muerte revela un problema que llevamos eludiendo: los protocolos anti-acoso que quedan sobre el papel mientras los menores sufren en silencio.
La Policía Nacional ya investiga el teléfono móvil de la menor, buscando pruebas del acoso que no solo existía en el colegio, sino también en redes sociales. Ciberacoso y acoso presencial se mezclaban en un tormento constante que ninguna autoridad educativa supo detener.
La Consejería de Desarrollo Educativo advirtió que el colegio Irlandesas de Loreto podría perder su concierto, es decir, dejar de recibir financiación pública por parte de la administración, si se demuestra que se cometió una infracción grave. Pero esas advertencias llegan demasiado tarde: Sandra ya no está.
El relato de la familia es desgarrador: dos denuncias formales ante el centro, y la respuesta del colegio fue mínima. Cambiar de aula a las supuestas acosadoras no evitó que el acoso continuara en pasillos, patios y clases compartidas. Es la situación que se repite en demasiados centros: protocolos teóricos, medidas insuficientes y menores que sufren en silencio.
El colegio ha publicado comunicados pidiendo cautela y responsabilizando a las redes de la tensión que se vive en su entorno. Hablan de “velar por los alumnos” mientras se omite la palabra clave y central del asunto: bullying. Es difícil no sentir frustración ante un comunicado que suena más a autoprotección institucional que a responsabilidad real.
Pintadas en la fachada del Colegio Irlandesas de Loreto.
Por otro lado, la Fiscalía de Menores ha abierto dos expedientes: uno sobre las presuntas acosadoras y otro sobre la posible responsabilidad del centro educativo, mientras la familia anunció que recurrirá todas las vías legales posibles. Y la pregunta inevitable se impone: ¿cuántas vidas como la de Sandra Peña harán falta para que los protocolos funcionen?
Un protocolo anti-acoso, aprobado en 2011 y actualizado en 2017 para incluir el ciberacoso como forma de bullying, no se activó. No hubo seguimiento, ni protección ni acción efectiva. Solo llegaron palabras oficiales después del suicidio. La responsabilidad recae tanto en el equipo directivo del centro como en un sistema educativo que permite que las advertencias se queden sin consecuencias reales.
El caso de Sandra Peña no es un hecho aislado. Según datos recientes del Ministerio de Educación, uno de cada cinco estudiantes en España sufre acoso escolar y cerca del 12% ciberacoso. Su muerte debería sacudirnos como sociedad.
La presión escolar y digital puede tener consecuencias fatales, y, aún así, nuestro sistema sigue actuando como si nada ocurriera. Mientras tanto, los colegios continúan emitiendo comunicados cuidadosamente redactados, y los alumnos, sus familias y la sociedad somos testigo de otro fracaso institucional.
Esta tragedia nos obliga a mirar la realidad de frente. Como sociedad, tenemos la obligación de no callar, de mostrar lo que los protocolos callan, y de poner nombre y rostro a las víctimas. Porque el silencio, cuando se normaliza, también mata.
Estudiante de 4º en el Grado de Periodismo.
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