España acaba de entrar por tercera vez desde el comienzo de la actual Democracia en un régimen excepcional. Al estado de alarma que declaró Zapatero, tras la huelga de controladores aéreos de 2010, y al emprendido por Pedro Sánchez en marzo de este año para frenar la primera ola de la pandemia —a la chapuza que perpetró Milans del Bosch en Valencia en el 23-F no se le puede catalogar así—, le sigue una nueva restricción de las libertades, también auspiciada por el actual jefe del Ejecutivo, en pos de atajar la segunda avalancha de contagios que tantos quebraderos de cabeza está dejando a la sanidad y a la economía españolas. Es decir, una secuela del que se aplicó durante la primavera.
Sin embargo, y a diferencia del de marzo, este no va a llevar aparejado un confinamiento absoluto de la población y una paralización casi total de la economía. La actividad financiera en España ya está lo suficientemente herida de muerte como para darle ahora también la sepultura.
El nuevo estado de alarma tiene la particularidad de que la ejecución del mismo no va a estar a cargo del gobierno, sino de las Comunidades Autónomas. La “autoridad competente”, esa expresión que tanto utilizaba Pedro Sánchez como muestra de su plenipotenciario mando, va a ser el gobierno de cada región.
De entre todas las medidas restrictivas, la que más controversia y protesta genera entre la población es el polémico toque de queda, lo que implica la supresión del ocio nocturno. Más allá de que este sea una de las principales causas de que se hayan vuelto a disparar los contagios, algo un tanto hipócrita porque todos los días los autobuses y las líneas de metro se siguen colapsando de gente para ir al trabajo, lo que llama la atención de la medida es la denominación con la que el presidente del Ejecutivo se ha referido a ella: “una restricción de movilidad nocturna”. Es más, pidió expresamente a los medios de comunicación que eviten referirse a ella como “toque de queda”.
Cuando un político de alto rango insiste en buscarle un nombre amable a una situación de conflicto normalmente puede ser por dos motivos: o bien el miedo a la reacción que se puede desencadenar por la severidad de la medida, o bien porque tiene a su pueblo, por decirlo suavemente, en baja consideración intelectual —quizá por eso plantean una Ley Educativa en la que se pueda pasar de curso aun suspendiendo hasta el recreo—.
Se trata de algo así como cuando Zapatero, referente de Sánchez —son los únicos presidentes que de hecho han aplicado los estados de alarma—, le llamaba “desaceleración acelerada” a la crisis económica que estaba devastando el país y que tardó más de un año y medio en reconocer. Quizás el inquilino actual de Moncloa tarde menos que su predecesor socialista y lo reconozca cuando acaben los seis meses que pretende mantener la situación de excepcionalidad.
Ante ese propósito del Gobierno, Casado ofrece limitar el plazo del estado de alarma a un máximo de ocho semanas para, según él, “salvar la campaña navideña” y “limitar la movilidad durante los tres puentes”. Mientras que Abascal, aplicando su unamuniano concepto de “no sé de que se trata, pero me opongo”, insiste, en declaraciones a El Programa de Ana Rosa, en que “el toque de queda es ilegal y no se puede aplicar con un estado de alarma”. “En abril no va a quedar piedra sobre piedra” y “millones de españoles caerán en la ruina”, vaticina. Vamos, constructivo como siempre.
Es evidente que dado el momento de contagio en el que se encuentra España, con más de 15.000 infectados y casi 300 muertos diarios —cuando entró en vigor el pasado estado de alarma llevábamos apenas 4.000 contagios y 120 muertos totales notificados en unas dos semanas—, el país requiere de una reglamentación extraordinaria. Algunas de ellas, incluso impopulares.
Pero lo que no es aceptable es actuar de forma impositiva con el resto de las formaciones políticas. No se puede pretender que la Oposición trague con todo lo que diga el Gobierno sobre la forma de gestionar una crisis como esta, cuando Sánchez, según ha dispuesto él mismo, ni siquiera tendrá que rendir cuentas en las sesiones de control al gobierno por el estado de alarma —deja esa función en manos de Illa—. La cínica táctica del avestruz.
Se requieren negociaciones y acuerdos transparentes, como los que el propio Sánchez le ofreció a Casado en la moción de censura —ojalá se pusieran tan de acuerdo para combatir la pandemia como para repartirse jueces—, para atajar la nueva curva de contagios y evitar la destrucción de la actividad económica. Más si cabe cuando se aplican “restricciones nocturnas” —haré caso al presidente y emplearé su recomendación lingüística— y limitaciones de horarios en bares y restaurantes en un país con tanta dependencia del turismo.
Sino, la alternativa que le quedará al presidente del Gobierno es volver a cambiarle de nombre a las cosas (todas edulcoradas, claro está) para que la gente piense que la cosa no va tan mal y seguir aguantando hasta que quiebre nuestro sistema económico. Y oye, si le funcionó a Zapatero —así le ganó sus segundas elecciones a Rajoy—, lo mismo también le funciona a este… aunque suponga dejar el país en la misma coyuntura, o peor, en que la dejó el adalid del talante.
Jefe de Opinión de EUSA News. Estudiante de Cuarto de Periodismo.
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