Dejó escrito Montesquieu en su obra magna, El espíritu de las leyes, que “no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor”. Y es que una de las claves para que una democracia pueda ser considerada como tal es la separación de los poderes, para que unos hagan de contrapesos con respecto a otros y no se produzca un escenario en el que los gobernantes abusen de sus gobernados.
Sin embargo, desde que en España Alfonso Guerra, a la sazón vicepresidente del Gobierno, le diera por “matar” a Montesquieu, la divergencia de los poderes del estado, factor clave para la consolidación democrática, ha brillado por su ausencia.
Auspiciada por Felipe González, con el pretexto de evitar que impartiesen justicia algunos jueces que aún tenían ínfulas de Franquismo, la Ley Orgánica 6/1985 daba paso al primer intento de control político sobre el Poder Judicial, según la cual los veinte miembros del llamado “gobierno de los jueces” serían elegidos por cada una de las Cortes por mayoría cualificada de tres quintas partes. Década y media más tarde, en 2001, esta situación sería parcialmente restañada, con las Cortes seleccionando a 12 de los 20 miembros del Consejo.
Sin embargo, una década después, en lugar de avanzar en la despolitización total de la Justicia, este país dio un nuevo giro de timón para que la elección de los vocales volviera a estar en manos de los representantes de la, teórica, voluntad popular.
Y es que a las palabras de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces flamante ministro de Justicia tras la victoria por mayoría absoluta del PP de Rajoy en las Elecciones Generales de 2011, de “vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos que nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos”, le sucedió otra reforma en el año 2013 por la cual, nuevamente, los 20 responsables de las asignaciones de Juzgados y de la decisión de ascensos y descensos en la carrera judicial volvían a depender de los acuerdos políticos.
Ahora, ante la negativa del Partido Popular de renovar el Consejo, en el cual aún “manda” valiéndose de la mesa elegida durante los años de su mayoría absoluta —cuando lleva caducada más de dos años—, el Gobierno ha optado por tirar por la calle del medio, emitiendo una reforma exprés para llevar a cabo esa presunta regeneración y esquivar el bloqueo de la formación liderada por Pablo Casado.
¿Lo hace por el interés general y la despolitización de la Justicia? Evidentemente, no. Que el órgano de gobierno de los jueces deje de estar controlado por la derecha sería una buena noticia sino fuera por que, de inmediato, pasará a estar controlado por la izquierda, que ve en el Poder Judicial —principalmente Podemos a raíz del caso Dina— como una terminal más de esas cloacas que luchan soterradamente contra el Ejecutivo “de progreso”. Estando en sus manos, esa molestia quedará suprimida.
Reza el artículo 122 de la Constitución que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado […] por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales […]; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
Más allá de que probablemente también sobren esos ocho elegidos desde las instituciones políticas, España, según su propia Carta Magna, se encuentra ahora mismo en una situación de inconstitucionalidad a nivel judicial, lo cual parece importarle poco a los responsables públicos. Probablemente porque la sed de poder que tienen es tan grande, y el miedo a que les puedan pillar en algún caso de corrupción tan latente, que la tan manida Constitución y la archipretendida independencia judicial quedan en papel mojado con tal de cubrirse las espaldas.
En la campaña para la repetición electoral de junio de 2016, Pedro Sánchez recriminó a Pablo Iglesias que el líder de Podemos había antepuesto el control de la Justicia a la recuperación de los convenios colectivos, en previsión de un hipotético pacto. Ahora, ambos están cerca de apuntalar en pareja el consejo de las cuatro siglas, cuatro mentiras. No es Consejo, sino cortijo; no es General, sino particular, no es del Poder, sino de la corrupción —aunque esto muchos no lo distinguen—; y no es Judicial, sino de la injusticia.
En el fondo, tanto a unos como a otros lo único que les preocupa a nivel judicial es que el día que alguno de ellos se siente en un banquillo, enfrente tenga a alguien que ellos mismos hayan colocado. A ver si así Su Señoría es agradecido y les libra de posibles condenas. Y viendo el horizonte judicial que puede tener más de uno, tanto en el Gobierno como en la Oposición, puede que ese día llegue pronto.
Jefe de Opinión de EUSA News. Estudiante de Cuarto de Periodismo.
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