El Fiscal General del Estado condenado por revelación de secretos

Sin haber dictado sentencia, el Tribunal Supremo ha emitido con anterioridad el fallo y por lo tanto la conclusión del juicio a quien fuera el primer fiscal general del Estado en ser imputado por cometer un delito. Lo que comenzó como una investigación judicial a González Amador pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha derivado en una condena por revelación de secretos. Cabe recordar que la información dentro de la negociación de un acuerdo con la fiscalía no puede ser utilizada en un juicio, aunque en ella se reconozca explícitamente la culpabilidad.

Inicio del caso

Todo ello empezó en marzo de 2024 cuando el fiscal Julián Salto, atendió una alerta mientras asistía a un partido de fútbol en el Estadio Metropolitano, para reenviar los correos en los que el abogado de González Amador negociaba con la fiscalía un acuerdo. Según su declaración en el juicio: “dijeron que el interés en el caso es la relación con la presidenta de Madrid”, uno de los datos más relevantes a lo hora de la resolución del juicio.

Esta información es traspasada hasta Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid, para poder usarse en la Asamblea de Madrid como achaque a la presidenta. Quien suministró esta nota fue Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, a lo que se presenta una pregunta obligada: ¿cómo llega de fiscalía hasta el PSOE de Madrid? Esta cuestión se la hizo el mismo Lobato, quien dudando de la procedencia de la fuente se dispuso a certificar los mensajes ante notario.

Investigación UCO

La investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó en el juicio realizado dos elementos que han sido los definitorios a la hora de dictar sentencia. El primero, y más importante, ha sido la nota de prensa la cual había sido dictada por el propio fiscal general y la segunda sería la duda surgida sobre la relación entre el PSOE de Madrid y la fiscalía. Para ello los agentes alegaron que al estar la nota de prensa dictada por información que se conocía por parte de García Ortiz, el mismo acusado revelaba a su vez la voluntad de cometer el delito de filtrar el contenido a los medios.

Las reacciones no se han hecho de rogar y como era habitual la división ha estado marcada según el partido. Núñez Feijóo mantiene que “el fiscal general se prestó a ser un peón en la estrategia política del ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el PP”, mientras que por otro lado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, “el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir que no lo compartimos”.

Gonzalo Molina