El rugido del Tera: tragedia en Ribadelago

Ribadelago Viejo, 9 de enero de 1959. Había sido un día de invierno como tantos otros en esta pequeña aldea zamorana encajada entre las montañas y próxima al mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica, el Lago de Sanabria. Pero aquella noche, un desastre marcó para siempre a aquel pequeño pueblo zamorano.

La presa de Vega de Tera había sido construida de forma apresurada por la empresa Hidroeléctrica Moncabril, fundada por Javier Martín-Artajo, hermano del ministro franquista de Asuntos Exteriores. Los testimonios de la época señalaron defectos estructurales desde su inicio: cimientos débiles, grietas visibles y un mantenimiento insuficiente. Los vecinos sabían que perdía agua y que los operarios habían intentado subsanar los desperfectos con inyecciones de comento. Franco llegó a Ribadelago en septiembre de 1956 para inaugurarla. La central recibía los saltos de varias presas, pero la de Vega de Tera no se atrevían a llenarla porque perdía agua por todas partes. El 22 de diciembre de 1958 se marchó el último operario encargado de esa tarea y todos los que lo despidieron recordaban sus palabras: “La presa no tiene solución, acabará reventando”. Diecisiete días más tarde, a pesar de los desperfectos, alguien ordenó llenarla para aumentar al máximo la producción eléctrica. Aquella noche, el embalse, cargado con ocho millones de metros cúbicos de agua, no resistió a las nevadas y la lluvia de los últimos días. Pocos minutos pasaban de la madrugada cuando 150 metros de longitud de un muro de contención se derrumbaron y la gran masa de agua se precipitó montaña abajo. Cuando llegó a Ribadelago —situado a ocho kilómetros de la presa— alcanzaba los diez metros de altura y el pueblo fue engullido en pocos minutos.

La avalancha de agua, piedra y árboles arrasó con todo a su paso. El tendido eléctrico cayó y el pueblo se sumió en la oscuridad. La mayoría de los vecinos dormían cuando el torrente los alcanzó. Algunos despertaron por los gritos de auxilio de los vecinos, otros por el estruendo del agua, los mugidos de los animales ahogándose… María Jesús Otero, entonces una niña de diez años, recuerda cómo las campanas de la iglesia tocaron a rebato, como se suele hacer en los pueblos cuando sobreviene un peligro, mientras los supervivientes intentaban ponerse a salvo trepando a las rocas y tejados cercanos. De los 532 habitantes de Ribadelago, 144 perdieron la vida y, de ellos, solo han aparecido 28 cuerpos. El resto yacen en algún lugar del lago de Sanabria, donde desembocó la riada.

Ribadelago estaba formado por un conjunto de casas en la cuenca de un antiguo glaciar a mil metros de altitud, rodeadas por montañas y ríos que caen por los cañones al Lago de Sanabria. Algunas casas estaban a la orilla de las vegas, mientras otras se situaban sobre el granito. Esa fue la delgada línea entre la vida y la muerte.

Pedro y Pilar, junto con sus tres hijos pequeños, fueron tragados por las aguas. Pilar había subido a casa de su vecina Carolina, cuando estaba allí, apareció su marido Pedro preocupado por el fuerte ruido que se escuchaba. Una vez se percataron de que era agua y que la presa se había roto bajaron corriendo a casa en busca de sus hijos, pero nunca se volvió a ver a ninguno de los cinco. Hoy solo quedan los escalones de granito de lo que fue su casa, el resto de la vivienda desapareció bajo el agua.

Una familia de supervivientes de la tragedia | Fuente: La Opinión de Zamora

Cuando llegó la luz del día el paisaje era irreconocible. Ribadelago se había convertido en un mar de lodo y escombros. Solo algunos tejados, encaramados a las copas de los árboles más altos, daban fe de que allí había existido un pueblo que ahora estaba reducido a ruinas.

Las primeras ayudas llegaron demasiado tarde, al amanecer, debido a la inaccesibilidad de la zona. La Guardia Civil, acompañada de voluntarios de aldeas cercanas, emprendió una titánica labor de rescate. Según cuentan, “el agua es tan digna como la tierra para enterrar a los muertos”, dijeron los encargados del rescate, cuando los buzos se rindieron sin encontrar ni uno de los 116 cuerpos arrastrados al lago: “A la semana, los buzos nos fuimos. Comprendí que causábamos más dolor a los familiares que consuelo”, declaró uno de los buzos por motivo del 50 aniversario de la tragedia, nada más y nada menos que el escritor, periodista y profesor de submarinismo Alberto Vázquez Figueroa. La noticia corrió como la pólvora, al principio sin censura, pero tras un comunicado de la BBC el Régimen trató de controlar la información. El Régimen fijó la atención pública en la solidaridad y la recaudación de fondos para los damnificados, evitando informar de la rotura de la presa (se llegó a decir que el agua había sobrepasado la presa, lo cual es totalmente falso).

Un buzo intentando recuperar cuerpos del Lago de Sanabria | Fuente: La Opinión de Zamora

Con el paso de los días, las excavadoras removieron los escombros en busca de cuerpos, pero la magnitud de la tragedia era tal que muchas familias jamás recuperaron a los suyos. El Estado intentó borrar las huellas del desastre ordenando construir otro pueblo: Ribadelago Nuevo —oficialmente Ribadelago de Franco hasta septiembre de 2018, cuando por cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica adquirió la nueva denominación—. Los supervivientes querían reconstruir el pueblo en unas praderas elevadas, pero las autoridades ignoraron su opinión y mandaron levantarlo donde apenas da el sol, ocupando parte de las tierras de cultivo que no había barrido la inundación. El Ministerio de Vivienda replicó el modelo de pueblo del Plan Badajoz que había ido levantando en Andalucía y Extremadura para acoger a los desalojados por los pantanos: pequeñas casas blancas, con paredes finas y mal aisladas. No tenían nada que ver con la arquitectura sanabresa caracterizada por los tonos rústicos de madera y pizarra. No eran casas para unos campesinos en un territorio de inviernos muy duros y no tuvieron en cuenta que la gente vivía de la ganadería y albergaban bajo sus viviendas a los animales en cuadras. Además, se prometió que iban a donarles las nuevas casas, pero tuvieron que comprarlas con el dinero de las indemnizaciones. Les destruyeron el pueblo y les asignaron uno mucho peor, en el que pocos se quedaron a vivir. María Jesús Otero, convertida ahora en una mujer de 75 años, como tantos otros supervivientes, se marchó. Ella lo hizo a Madrid y ha escrito ya dos libros sobre lo sucedido: El bramido del Tera y Tráeme una estrella. El nuevo pueblo es ahora un lugar de peregrinaje para quienes buscan comprender el alcance del desastre donde cuelga una placa con los nombres de las víctimas, en ausencia del museo conmemorativo que se prometió construir.

“En una sola noche desapareció el espíritu del pueblo —dice María Jesús—. Había una idea fuerte de pertenencia. Después de la tragedia los supervivientes nos disgregamos. Ahora hay gente viviendo aquí, pero el pueblo murió para siempre”. En el pueblo viejo de Ribadelago apenas viven unas dos docenas de personas, repartidas en casas que se levantaron al azar entre las casas tradicionales que resistieron la tragedia pero que se desmoronan poco a poco con cada invierno.

El desastre no solo dejó cadáveres y desolación, sino también preguntas que aún buscan respuesta. ¿Cómo pudo ceder una presa construida apenas dos años antes? ¿Por qué nadie alertó del peligro inminente que suponía aquella obra en apariencia defectuosa? Algunos apuntaron a errores de cálculo en la construcción; otros, a la falta de mantenimiento y supervisión. Sea como fuere, la negligencia humana se sumó a la furia de la naturaleza.

En los cuatro años previos al juicio, la empresa responsable maniobró para que los vecinos retiraran sus denuncias, como detalla José Antonio García Díez en su libro Ribadelago. Tragedia de Vega de Tera. Les ofrecieron indemnizaciones ridículas, los amenazaron con quedarse sin nada y buscaron el respaldo de las autoridades para silenciar a los supervivientes. El presidente del consejo de la empresa llegó a escribir al gobernador civil de Zamora alegando que estaban dispuestos a pagar a las víctimas como un “ofrecimiento generoso” al que no estaban obligados. Retrató a los vecinos como avariciosos que exigían indemnizaciones desmesuradas, pese a que ya habían recibido “ropas, comida y ayudas”. Amenazó con impugnar cualquier indemnización judicial si los afectados rechazaban su oferta. Además, presumía de que la empresa ya había abonado algunos daños, logrando “apartarlos” del proceso judicial, un paso que consideraba clave para “restablecer la paz social y el orden económico en la comarca”. Mientras tanto, muchos supervivientes fueron realojados en barracones o dispersados por otros pueblos. Solo unos pocos persistieron y consiguieron indemnizaciones más altas. Sin embargo, la estrategia de la empresa resultó rentable: logró que la mayoría abandonara su lucha y se ahorró una considerable suma de dinero.

El juicio celebrado en 1963 concluyó que la rotura de la presa se debió a la baja calidad de los materiales elegidos por ser los más baratos y a errores en la construcción debido a las prisas. Nunca se juzgó a ningún responsable de la administración franquista y aunque cuatro ingenieros y directivos fueron condenados por llenar la presa a sabiendas de su estado, fueron posteriormente indultados y nunca pisaron la prisión. Este desastre motivó reformas legales, como la creación del Servicio de Vigilancia de Presas y nuevas normativas para su diseño y mantenimiento con el fin de evitar un desastre similar en el futuro.

Durante las semanas siguientes a la catástrofe, el NODO celebró el “afecto sincero y gran amistad que une en estos momentos presentes a España y Norteamérica” al calor de los camiones de ayuda humanitaria y ambulancias que la embajada de Estados Unidos envió en los días posteriores a la tragedia. Las indemnizaciones exiguas y discriminatorias del Estado, que en muchos casos nunca llegaron, también dieron que hablar: 90.000 pesetas por hombre fallecido, 60.000 por mujer y 25.000 por cada niño.

Una niña superviviente entre los escombros | Fuente: La Opinión de Zamora

Sin embargo, para María Jesús, lo sucedido no es una desgracia aislada sino la culminación de años de desprecio. Muchos jóvenes del antiguo pueblo tuvieron que emigrar a Cuba “porque allí nunca les dejaron ganarse la vida”, dice. Debido a la localización geográfica de Ribadelago nunca fue un pueblo de grandes cultivos, tan solo se sembraban patatas, centeno, berzas y alguna otra cosa más para sobrevivir. En los prados criaban unas pocas vacas, pero siempre tuvo una vida extremadamente pobre. Si la comarca de Sanabria ya era pobre en plena posguerra antes de la rotura de la presa, después solo aquellos que dependían de la hidroeléctrica (que siguió funcionando) o los que tenían algo de ganado y lo habían podido salvar de las aguas pudieron tirar adelante. La agricultura fue imposible durante varios años debido al lodo acumulado. “Aunque contábamos con una riqueza natural a nuestro alcance, las famosas truchas del lago, jamás fueron para el pueblo”, cuenta María Jesús. En el siglo X, el rey de León cedió a los monjes de San Martín de Castañeda la propiedad del lago, incluyendo el derecho exclusivo de pesca. Siglos después, el conde de Benavente, favorecido por los Reyes Católicos, se apropió de parte de los montes, pastos y pesquerías. Los campesinos debían pagar tributos tanto a frailes como a condes, y en años de malas cosechas se veían obligados a vender alguna vaca para saldar deudas. Con la desamortización de Mendizábal el Estado expropió las tierras y las subastó. En 1842, el marqués de Villachica adquirió la propiedad del lago y reforzó un cuerpo de guardas para asegurarse de que los campesinos no sacaran ni una trucha.

En el siglo XX, se planeó transformar el lago en un embalse que haría desaparecer Ribadelago, pero la tragedia se anticipó. Pescar estaba prohibido, navegar estaba prohibido, incluso remojar el lino en sus aguas estaba prohibido. Para los campesinos, el lago no fue más que una fosa común. “Siempre nos hicieron mucho daño”, recuerda Carmen, vecina de 81 años, en el libro El bramido del Tera. “La Guardia Civil nos tenía amenazados. Mi tío Antonio había perdido un hermano y sus sobrinos pasaban hambre. Los guardas lo sabían, pero no le dejaban pescar. Una vez lo atraparon, lo llevaron al cuartel, lo golpearon y lo amenazaron.”

Los monjes cistercienses llevaron a Sanabria una leyenda medieval: la del pueblo sumergido en un lago como castigo por sus pecados. En esta versión, un peregrino llegó a una aldea llamada Valverde de Lucerna pidiendo limosna. Nadie le prestó atención, salvo unas panaderas que lo dejaron refugiarse junto al horno y le cocieron un pan. El peregrino les agradeció, reveló que era Jesucristo y les advirtió que huyeran al monte con sus familias, pues castigaría al pueblo por su falta de caridad. Clavó su bastón en la tierra, de donde brotó una inundación que sumergió el pueblo. Así, según la leyenda, nació el lago de Sanabria: como un castigo divino.

En mayo de 1930, Miguel de Unamuno se hospedó en el balneario del pueblo, ahora abandonado, y se inspiró en este lugar para su novela San Manuel Bueno, mártir, ambientada en la imaginaria Valverde de Lucerna. También dejó estos versos:

Servir de pasto a las truchas

es, aun muerto, amargo trago;

se muere Riba del Lago,

orilla de nuestras luchas.

Parecen premonitorios del desastre, pero son testimonio de que Ribadelago ya agonizaba mucho antes de esa tragedia.

En 1880, la Diputación de Zamora construyó una carretera para facilitar la llegada de los carruajes de los bañistas al balneario, pero no consideraron necesario extenderla tres kilómetros más hasta Ribadelago. ¿Para qué? ¿Qué importaban los campesinos que vivían al final de un camino perdido entre montañas? “A las autoridades solo les interesaba el pueblo para cobrar impuestos y llevarse a los mozos a las guerras”, señala María Jesús.

No fue hasta la década de 1930 que las máquinas llegaron para prolongar la carretera hasta Ribadelago. Sin embargo, la obra recayó sobre los habitantes: cada familia debía aportar al menos una jornada semanal de trabajo, picando piedra o empujando carretillas. También los niños participaron: dos días de trabajo infantil equivalían a una jornada de adulto.

En 2009, durante la conmemoración del 50 aniversario de la tragedia, muchos políticos se reunieron allí prometiendo ayudas que, si es que llegan, lo hacen demasiado tarde. En Ribadelago Nuevo hay 85 habitantes censados y tres menores de edad. En Ribadelago Viejo, 30 censados y un único niño. El 90% de sus gentes son jubilados. En el pueblo antiguo, junto a las ruinas del campanario que salvó docenas de vidas, una de las vecinas cuenta: “Aquí ya solo acudimos a funerales, ni me acuerdo del último bautizo. En 10 años, se nos muere el pueblo”.

Hoy, el viento que atraviesa el valle trae consigo los ecos de una tragedia que no debe olvidarse. Ribadelago, con su historia de pérdida y resistencia, es un recordatorio de la fragilidad de nuestras creaciones frente a la naturaleza y de la importancia de la memoria para evitar que se repitan errores del pasado.

“Nos arrancaron el pueblo —dice María Jesús preocupada por lo que vendrá cuando quienes vieron aquello con sus ojos ya no estén—. Lo único que nos queda es contar nuestra historia.”