Aumenta el temor de las pymes hacia los sistemas Verifactu

Las empresas españolas afrontan una nueva normativa de la Agencia Tributaria que abarca sus Sistemas Informáticos de Facturación (SIF). El ente público lo define de la siguiente forma dentro de sus portales web: “esta normativa obliga a los SIF de las empresas a que, en el momento de expedición de la factura, generen y guarden o remitan a la Agencia Tributaria un resumen de la factura llamado registro de facturación que lleva incorporadas una serie  de medidas de seguridad y control“. Dichas medidas pueden incluir “la huella digital registrada en sus datos, la  información del registro anterior generado (lo que permite verificar que no hay saltos u omisiones) y, en su caso, la firma electrónica del emisor del mismo”. Del mismo modo, el sistema Verifactu obliga a la empresa a incluir un código QR dentro de su factura para que pueda ser recogido por un dispositivo móvil y enviado, de forma más ágil y sencilla, a la Agencia Tributaria.

En otras palabras, el sistema se implementa con el fin de evitar el fraude de facturación de las empresas, sobre todo, en cuanto al recaudo en efectivo se refiere.

Empresario llevando la facturación de su negocio

Manuel Verdugo Saucedo, economista gaditano, da su impresión sobre el sistema y las consecuencias del mismo. “Va a suponer un cambio en la forma de gestionar muchos negocios en España”, asegura Manuel. “No ya en relación a las medianas empresas, que ya tenían obligaciones, según su nivel de facturación, de comunicación a la Agencia Tributaria de los datos de sus clientes y proveedores, sino en relación a los pequeños negocios regentados por trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas, las cuales no están en ningún caso preparadas para el nivel de gestión electrónica que exige la implantación del sistema Verifactu en su negocio”.

El fin del mismo se define en “una vía de control de la facturación a aquellas empresas que, aún a día de hoy, no tienen ese control, y por tanto evitar el fraude fiscal y garantizar la trazabilidad de todas las facturas expedidas, que a su vez sirven para la deducción tanto de cuotas en el IVA como en los impuestos de IRPF y Sociedades”.

Aunque el principal fin de la integración del sistema es acabar con el fraude fiscal, Manuel denuncia fallos en la implantación del mismo: “Lo que no se ha tenido en cuenta a la hora de someter este sistema al tejido empresarial español, sobre todo a los negocios con menos de tres trabajadores, es que muchos de estos negocios, sobre todo los relativos al sector de la hostelería (pequeños bares) y del comercio al por menor”. Asegurando la causa del problema a la falta de costumbre que tienen las pymes de menor tamaño a la hora de acceder a las nuevas tecnologías que requiere la implementación de Verifactu. “Llevan desde hace muchos años controlando su caja de una forma que implementar este sistema les supone no solo un coste económico, sino también calvario personal para aplicar esta forma de facturar a su día a día”, aclara.

Manuel asegura que comprende las autoridades tributarias controlen el fraude fiscal y adopten medidas con respecto a la erradicación del mismo, pero destaca que “no se tiene en cuenta que estos sectores para implementar ciertas medidas deben cambiar de forma radical y no se puede conseguir este cambio metiendo a la fuerza sistemas de gestión que no se adaptan a la estructura de dichos negocios”.

Muchas pequeñas empresas aseguran que la llegada de las medidas de la Agencia Tributaria pueden causar estragos a la hora de sufragar la mayoría de sus gastos en un sistema económico que temen que les cause problemas a la hora de declarar sus ingresos. Aun así, la mayoría de las pymes y los medios económicos debaten sobre si esto puede causar una mayor represión sobre los pagos en efectivo que se realizan a las empresas.

Alejandro Zapata

Jefe de la sección de opinión