El caos se apodera de París
Los enfrentamientos en París de los llamados "chalecos amarillos" con la policía ha dejado a la ciudad sumida en un verdadero caos. Las protestas vienen por la subida de los precios del combustible, esto unido a una crisis social que deja a Emmanuel Macron muy débil como presidente de la República y se puede convertir en la crisis más grave desde que accedió al poder en 2017.
Este sábado las calles de la ciudad francesa han vuelto a ser escenario de batallas campales de los "chalecos amarillos" contra la policía. Más de 75.000 manifestantes recorrían las calles de de París hasta que un grupo de unas 1.500 personas comenzaron a enfrentarse a los antidisturbios galos.
El chaleco amarillo es el símbolo del movimiento que estalló hace tres semanas como una protesta de automovilistas contra el aumento de las tasas del combustible. Pero ahora, esto ha cambiado, el pegamento entre ellos es el rechazo, en general, hacia la gestión del presidente Emmanuel Macron.
El movimiento se extiende por toda Francia, y puede contagiar a países aledaños como España, que incluso ya existe una corriente de "chalecos amarillos" españoles. Todo comienza en la Francia rural de ciudades medianas y pequeñas donde el coche es la principal herramienta de trabajo para sobrevivir.
Con el paso de las jornadas parece que Macron ha dado marcha atrás en una de las medidas que ha encendido Francia y ha decidido suspender temporalmente el alza de los impuestos a los carburantes que estaba prevista para enero.
"Ninguna tasa puede poner en peligro la unidad de la nación", ha declarado el primer ministro Édouard Philippe. El temor inmediato era que un cuarto sábado consecutivo causase de nuevo disturbios en la capital y ejerciese más tensión aún sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según los sondeos, en torno al 70 % de franceses simpatizaría con la protesta.
El presidente francés rectifica algo más que una medida de tipo fiscal y un estilo de gobierno. Señala los límites del combate contra el cambio climático cuando el coste de esta operación recae de forma excesiva en capas de la población determinadas. La incógnita es si la prórroga de 6 meses pondrá fin a las protestas o, una vez detectado que el presidente podía ceder, daría alas a nuevas reclamaciones.
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