Hace poco más de una semana el país entero se echaba las manos a la cabeza por el doble concierto de Raphael en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, congregando a 5.000 y 4.000 asistentes respectivamente.
Sin embargo, centrar la polémica en la polvareda levantada por reunir a esas cantidades de personas, las cuales según se ha reconocido siguieron estrictamente las normativas de seguridad para prevenir el contagio, supone desviar el foco sobre la cuestión fundamental de lo acontecido: la disparidad de criterios entre autonomías a la hora de abordar los contagios de esta segunda ola de COVID en plena Navidad.
Advirtió hace un par de meses Felipe González, cuando se acababa de aplicar por segunda vez el estado de alarma —esta vez gestionado por los respectivos gobiernos autonómicos—, que esa delegación de poderes en cuanto a la gestión de las restricciones iba a provocar una “crisis de cogobernanza”. Ahora, a punto de acabar el año y en medio de las fiestas navideñas, se han cumplido los vaticinios del otrora profeta (ahora denostado por la cúpula de su partido) del socialismo español.
Es evidente que la transmisión del virus no es igual en un territorio que en otro y que cada uno tiene sus peculiaridades. Sin embargo, aquella idea que pregonó a bombo y platillo Salvador Illa, la de que “no habría 17 Navidades distintas”, se ha demostrado como un fracaso estrepitoso.
Cada autonomía está modificando sus restricciones de forma repentina, sin ceñirse a un patrón común. La idea original de que los toques de queda serían ampliados en toda España hasta la 1 y media de la madrugada, fue rápidamente suprimida por Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Al menos ha tenido la gentileza de extender el horario en Nochebuena y Nochevieja hasta las 12 y media para que nos tomemos las uvas en familia (¡qué detalle, don Guillermo!).
En Cataluña, el vacío de poder que impera en vísperas de las próximas elecciones de febrero (tampoco se puede decir que cuando estaba Torra hubiera un mando sólido) dificulta la toma de decisiones para actuar sobre los repuntes navideños. La situación en esa región es tan aparatosa que muy probablemente se apuntalen más restricciones sanitarias en vista de los recientes aumentos de infectados.
En la tierra que nos atañe, Andalucía, el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha informado de que, momentáneamente, no se ampliarán las medidas restrictivas actuales —desde el 18 de diciembre se permite la circulación libre entre provincias andaluzas, el paso de una autonomía a otra por cuestiones familiares o la apertura durante la tarde-noche de bares y restaurantes—. El hecho de haber endurecido las limitaciones a raíz del repunte de finales de octubre, ha permitido a la autonomía amplificar excepcionalmente las libertades en el estado de alarma para esta época del año. Veremos cómo termina la situación una vez pasen las fiestas.
Ha quedado evidenciado en estos meses que unas medidas excepcionales como son las que amparan un estado alarma requieren de un molde al que ajustarse, con cierta flexibilidad, eso sí, para los distintos casos, pero con un común denominador.
Es extraño que a Sánchez, el mismo que se jactaba de repetir aquello de la manida “autoridad competente” durante el primer estado de alarma para reivindicar su entonces plenipotenciario poder, le importe poco que haya otros 17 que tengan más mando que él. Pero conociendo ya al personaje, su ambición por permanecer a toda costa en Moncloa le lleva a permitir este curioso modelo, por más que lo negara su ministro de Sanidad, de 17 Navidades; aunque puedan acabar en 17 fatalidades. Y es que la decisión de ceder el manejo de los estados de alarma a las autonomías se ha comprobado que, como cantaba el propio Raphael, “es un escándalo”.
Jefe de Opinión de EUSA News. Estudiante de Cuarto de Periodismo.
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