A este maldito 2020, que ya se acerca a su fin, le quedan al menos dos noticias positivas. La primera, para los agraciados de mañana, el Gordo de la Lotería. Y la segunda, ya para el domingo, la llegada de la primera tanda de vacunas de la farmacéutica Pfizer.
Después de varios meses esperando y una segunda oleada de contagio casi tan virulenta como la primera, al menos si hacemos caso a las declaraciones formuladas por Salvador Illa este pasado fin de semana, por fin se va a proceder a la prevención inmunológica contra el dichoso coronavirus. Según transmitió el titular de Sanidad, la arribada de la vacuna será “cadencialmente cada semana”, con la intención de que “en junio se haya podido vacunar al 60% de la población”.
El camino hacia la vacunación, largo y tortuoso, parece que está próximo a alcanzar la meta y la promesa de Illa, favorecida por el adelanto en el calendario de distribución de la vacuna que dictaminó la Unión Europea hace pocos días, se verá cumplida… al fin.
Porque la lista de augurios sin fructificar con los que se ha cubierto de gloria el ministro, en compañía del ínclito Fernando Simón, es tan extensa como desvergonzada. De Illa basta con recordar su famoso “las mascarillas no son necesarias” o su compra de los test rápidos chinos de poca fiabilidad (menos mal que ha acertado el de la llegada en diciembre de la vacuna). De Fernando Simón, escojan ustedes la que quieran.
Pero no es exclusividad de este Gobierno el efectuar teorías que luego no se llevan a la práctica. Felipe González, cuando llegó a la Moncloa auspiciado por la mayoría absolutísima más abrumadora que ha habido en este país en Democracia —202 diputados en el Congreso—, prometió crear 800.000 puestos de trabajo en España. En su primera legislatura el paro creció del 18 al 21,5%. Y cuando dejó el Gobierno en el 96, alcanzó el 24,5%.
Zapatero, en su segunda legislatura, a la que accedió negando que España estuviera en una coyuntura de crisis económica —la llamaba “desaceleración acelerada”—, aseguró que no ejecutaría ningún recorte en sus políticas sociales. En 2010, tras la lectura de cartilla de la Unión Europea por la disparatada y chapucera política económica expansiva que se le ocurrió a Solbes —que él mismo reconoció como un “error” hace tres años—, a la sazón ministro de Economía, se procedió al mayor recorte en gasto social de la historia de este país.
Mariano Rajoy, sustituto de Zapatero en la Presidencia, llegó al Gobierno asegurando que bajaría los impuestos. Por supuesto, los subió. De hecho, el incremento tributario que configuró Montoro incluso fue mayor que el que pedía la entonces Izquierda Unida (hoy Hundida en Podemos). Y su política de recortes, en lugar de enfocarla a desmontar los pesebres de los partidos, la centró en la Sanidad, la Educación y en dejar tiritando la Hucha de las pensiones. Por no hablar de la politización total de la Justicia cuando precisamente había asegurado lo contrario.
El actual Ejecutivo de Sánchez, que también tiene muertos en el armario en ese sentido, todavía estamos esperando a que publiquen la lista de amnistiados por Montoro (imagínense por qué no lo ha hecho) o a que explique por qué finalmente sí ha decidido sustentar la gobernabilidad de su Ejecutivo en independentistas catalanes y vascos, no es más que una ejemplificación más del valor que tienen las promesas en la política. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y pasado de otro color.
Dijo una vez el profesor Enrique Tierno Galván, para más inri alcalde socialista de Madrid, que “la promesas se hacen para no ser cumplidas”. Esperemos, por el bien de este país y la recuperación al desastre económico que la mayoría de organismos internacionales nos anticipan, aunque la vacuna no sea ni mucho menos la pócima mágica que salvará nuestra macroestructura, que las previsiones de Illa esta vez sí que sean ciertas y no se consume, una vez más, la sentencia del sabio de Tierno.
Jefe de Opinión de EUSA News. Estudiante de Cuarto de Periodismo.
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