Opinión: Republicanismo no es antimonarquismo

El convencimiento de que la república resuelve todos los problemas de la sociedad e iguala a los ciudadanos en derechos es tan idílico como ficticio
0
216
Pablo Iglesias estrecha la mano de Felipe VI en una ronda de consultas. Fotografía | EFE

España vive en un momento de cuestionamiento total y permanente del modelo del Estado. Este debate, que durante más de 30 años apenas tuvo recorrido social por la popularidad de Juan Carlos de Borbón —y eso que, sociológicamente, la mayoría social del país es republicana— y la imagen de campechano que la prensa construyó de él, volvió a emerger a principios de la pasada década, coincidiendo con el momento en el que comenzaron a aflorar los escándalos que rodearon, inicialmente a su familia —caso Noós— y, posteriormente, a él mismo —Corinna, AVE de La Meca…—.

La Monarquía lleva sustentando la Jefatura del Estado desde hace 45 años —42 con la actual Carta Magna—. Debido al peligro que significaba para el país tratar de reconstruir las estructuras políticas de la Segunda República —nada menos que otro golpe de estado militar— se decidió encajar forzadamente en la Ley de Reforma Política a Juan Carlos I —quien había heredado todos los poderes de Franco pero que tampoco tuvo nunca demasiado antojo de gobernar— para el avance hacia la democracia. “La mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos”, reconoció con el tiempo Adolfo Suárez.

Ahora, desde la llegada de Podemos al Gobierno de España, ese debate ha vuelto a cobrar trascendencia social. Y es que los principales socios en los que se apoya el Ejecutivo para sacar adelante la legislatura —como ha sucedido en los presupuestos— ven en la figura de Felipe VI un obstáculo que imposibilita sus anhelos soberanistas, principalmente en el caso del independentismo catalán, que lo tiene crucificado desde aquel mensaje de repulsa a la Generalitat de Cataluña del 3 de octubre de 2017, dos días después del fallido referéndum de autodeterminación.

El hecho de que los nacionalistas consideren La Corona como un enemigo no constituiría en sí mismo una amenaza para la supervivencia la institución monárquica. El problema llega si en esa amenaza se implican algunos activos del Ejecutivo, como es Alberto Garzón. “La posición de una Monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible”, se quejó en septiembre el ministro de Consumo cuando el Rey llamó a Lesmes tras serle denegada su participación en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.

De Unidas Podemos no sorprende, pues siempre han sido partidarios de un cambio en el modelo de Estado —no se parecen en nada al PCE de la Transición—; pero sí en el caso del PSOE. El caso de los socialistas con la Monarquía constituye el mayor ejercicio de funambulismo político que pueda haber: por un lado, como partido artífice del Régimen del 78, tener que verse obligado a defender —aunque varios de ellos no lo hagan convencidos— su mantenimiento; por otro, tener que contentar a una militancia y unas juventudes mayoritaria y desacomplejadamente republicanas y proclives a la sustitución del sistema actual.

Las principales críticas que actualmente se vierten contra la Monarquía se fundamentan en dos puntos: que es anacrónica y corrupta.

Resulta como poco curioso que los que emplean la primera de esas críticas para cuestionar a La Corona sean los mismos que piensen que los modelos republicanos son modernos. Deben ignorar que ya en la antigua Roma se estableció hace unos 2.500 años una República que duró medio milenio. Debido al centralismo que impuso, tuvo un final tan abrupto que dio paso a la dictadura militar del pulgar abajo del siniestro Julio César.

Mientras tanto, la segunda de las premisas se vincula a las prácticas fraudulentas, las presuntas y las ya condenadas, que han mancillado el prestigio de la institución. Los negocios turbios en los que estuvo envuelto Juan Carlos I durante décadas —no es casualidad que haya sido amigo de empresarios como Mario Conde, De la Rosa o los Albertos o de monarcas islámicos montados en el petrodólar como Hasán II— y el hecho de que casi todos los escándalos salieran a la luz en un margen tan estrecho y en un momento de tanta hipersensibilidad social con la corrupción como fue la crisis económica, laminaron la respetabilidad que generaba hasta entonces la entidad.

Dicta el artículo 56 de la Constitución que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Precisamente por disponer de ese privilegio, que seguramente cabría reformar —poder fiscalizar la primera institución del Estado es signo de fortaleza democrática—, a la figura del monarca se le debe exigir más ejemplaridad en sus conductas que a ningún otro ciudadano. Y eso incluye, por supuesto, la transparencia de los orígenes de su fortuna. Al anterior jefe del Estado publicaciones como Forbes o The New York Times le atribuyen una de unos 2.000 millones de euros. En ese sentido, si quiere ver en el futuro a su hija sucederle en el trono, hace bien Felipe VI en marcar distancias y matar al padre, sobre todo  ahora que anda fugado en los Emiratos Árabes.

Más allá de eso, el convencimiento de que un sistema republicano resuelve todos los problemas de la sociedad e iguala a los ciudadanos en derechos es tan idílico como ficticio. No hay más que fijarse en Corea del Norte y el resto de países que se hacen o se han hecho llamar “República Democrática” o “República Popular”, donde la única igualdad es la pobreza, la miseria y la represión que azota a todos los que no formen parte del entramado de poder.

La preferencia por un régimen en el que la Jefatura del Estado se decida en las urnas debe estar enfocado en la posibilidad, por desgaste o por inutilidad para el puesto, de poder sustituir democráticamente a un cargo público, en este caso el primero de todos los españoles, por otro. Es decir, que se imponga la meritocracia —de ahí a que fueran tan nocivos los últimos años de Juan Carlos—. Pero no porque la república sea sinónimo de prosperidad.

Los valores republicanos supremos (Libertad, Igualdad y Fraternidad), aquellos reivindicados por cualquier demócrata pero idealizados por los críticos a la Monarquía debido únicamente a que fueron consecuencia de que los franceses les rebanaran la cabeza a los Borbones —la misma Familia Real que ostenta la Monarquía en España—, no están estrictamente identificados a que el jefe del Estado de un país se decida por votación popular.

En el informe anual que elabora The Economist, en el que califica a todos los países del mundo según su calidad democrática, seis de las diez primeras naciones son Monarquías Constitucionales —España ocupa el decimoséptimo puesto—.

Teniendo en cuenta que en los casi doscientos estados reconocidos en el planeta, la proporción de Monarquías-Repúblicas es casi de uno a cinco —40 frente a 150–, es bastante llamativo que más de la mitad de los diez mejor valorados sean sistemas en los que la Jefatura del Estado sea hereditaria. Y es que la cualificación democrática de un país no la determina que el cargo de máximo representante sea electo o por cuestiones de sangre, sino por lo que ese país hace por sus ciudadanos.

En ese sentido, también se equivoca la derecha cuando intenta patrimonializar la Casa Real como ariete frente al Gobierno. La Monarquía, igual que si en España existiera una república, debe ser de todos. No de unos pocos.

Dijo una vez el difunto Julio Anguita, alguien que no era sospechoso en la materia, que “la república es una cosa muy seria que trasciende de manifestaciones, de ondear de banderas y que debe ser algo más que el antimonarquismo. Tiene que ser preparado. No se puede improvisar en un discurso ni en una manifestación”. En un país como España, donde la polarización política preside hasta la última de las medidas y leyes, es, por desgracia, prácticamente imposible implantar un régimen republicano transversal e inclusivo —solo hace falta recordar cómo acabaron los otros dos—. Eso sí, entre una monarquía constitucional como la española, con todos los defectos e imperfecciones que tiene, y una república como la de la dinastía de los Kim en Corea del Norte —último puesto en el listado de The Economist—, no debería haber ninguna duda sobre cuál elegir. A menos, claro, que no seas demócrata.