Opinión: El polígrafo monclovita

El llamado “Procedimiento de actuación contra la desinformación” pone en manos del Gobierno el dictamen de lo que es verdadero o falso
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Dijo una vez Gabriel García Márquez que “en el periodismo, un solo hecho falso perjudica el trabajo entero”. No hay mayor descrédito para un periodista que la falsedad en las noticias que publica, porque la credibilidad se tiene en función de la que otorga la sociedad y, si se pierde, es muy difícil recuperarla. “La credibilidad, el patrimonio del comunicador”, que pontificaba José María García.

Se debe exigir en un periodista que actúe con diligencia y honestidad —que contraste la información con las fuentes, que distinga lo que está envenenado de lo que no, que lo que publique no lo haga por un interés oculto…—. Sin embargo, no se le puede conceder el don de la infalibilidad. Más que nada, porque nadie lo tiene.

Pues en esas, resulta que ahora al Gobierno no se le ha ocurrido mejor idea que lo que ellos llaman “Procedimiento de actuación contra la desinformación”; es decir, que el dictamen de lo que es verdadero o falso descansa en las manos de los inquilinos de La Moncloa.

Bajo los bellos pretextos de “incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos”, “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil” y “abordar la desinformación de manera coherente […] sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19”, el Ejecutivo pretende crear una suerte de Ministerio de la Verdad para controlar lo que sale a luz.

Reza el BOE del pasado jueves, cuando fue publicada esta disposición, que “en los tiempos actuales se ha observado de manera directa en la actual pandemia, viéndose acompañada de una «infodemia» sin precedentes”. Lo cual prácticamente suena, siendo generosos, a mal chiste cuando desde el propio Ejecutivo se han ido ocultando las cifras de muertos desde que comenzó la pandemia. O cuando, hasta el día de hoy, seguían insistiendo que era ilegal bajar el IVA de las mascarillas.

Es más, resulta curioso que Podemos tome parte en esta contienda contra el bulo cuando, a principios del 2018, puso el grito en el cielo por el hecho de “que el Gobierno decida qué información es «verdad» es el adiós de la libertad de expresión y de la democracia”. Todo un ejemplo de aquella máxima en la que insistía Tarradellas: “en política se puede hacer de todo menos el ridículo”.

Entonces, el clamor se debía a aquella estratagema del Gobierno de Rajoy, ya a punto de que lo despacharan del sillón presidencial, para “garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España”. “No a la Ley Mordaza 2.0”, clamaba entonces Pablo Iglesias. Veremos qué pseudónimo le pone a esta.

Entre tanto, el Partido Popular se queja de la creación de esta especie de polígrafo monclovita, en manos de Miguel Ángel Oliver —habría que preguntarle qué opina él mismo como periodista de esta situación—. Lástima que esta nueva disposición de control sea muy parecida a una que el Gobierno de Rajoy, el de las comparecencias en plasma, intentó llevar a cabo hace dos años y medio.

Por no hablar de la persecución mediática que durante la etapa rajoyana se vivió contra varios medios, algunos de los cuales anteriormente habían estado muy cerca ideológicamente del Partido Popular, como recordó el difunto David Gistau en una entrevista a El Confidencial Digital hace tres años, gracias a labor de Carmen Martínez Castro, a la sazón secretaria de Estado de Comunicación.

Y Vox, pues más de lo mismo. Protestan porque “el Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden”, cuando ellos son los primeros en vetar de sus actos a los periodistas y medios que publican informaciones incómodas para sus intereses.

En un momento en el que las Cortes están semiparalizadas por el nuevo estado de alarma, lo que implica que prácticamente el único que rinda cuentas sea Illa, no Sánchez, es más necesaria que nunca una fiscalización por parte de los medios de comunicación para sacar a la luz pública aquello que el poder confía en que se desconozca y denunciar su posibles abusos.

La Constitución consagra en su artículo 20, como recuerda de hecho la disposición del BOE, el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Y es que la libertad de expresión y la libertad de prensa son dos de los principales indicadores que marcan la calidad democrática de un país. Por si acaso, ya se ha encargado la Comisión Europa de anunciar que vigilará atentamente la aplicación haga el Gobierno de esta nueva medida.

Según dispone el Gobierno, los “procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. Es de suponer que no lo dicen por los procesos electorales que suceden en España, no vayamos a ser tan malpensados como para creer que en este país las últimas elecciones se han decidido por mentiras de los que las han ganado…