Las plataformas de víctimas del Covid-19, la última ofensiva de la ultraderecha
En estas semanas de confinamiento han proliferado un gran número de plataformas de afectados por el Covid-19, la mayoría de ellas creadas por bufetes de abogados, mientras otros letrados lo consideran una práctica “vil y carroñera” desatando una verdadera batalla deontológica.
De entre las plataformas que más repercusión han alcanzado destaca la creada por el despacho del exjuez Serrano –ahora candidato a la junta de Andalucía por VOX– denunciada por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) por vulnerar el código deontológico de la Abogacía Española.
También salió a la palestra la Plataforma de Afectados por Covid-19, que presentó el pasado 30 de marzo una denuncia contra el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. La presidenta de esta plataforma es Carmen Balfagón, vicesecretaria de Acción Social de VOX y que ya fue directora del IMSERSO en el gobierno de Mariano Rajoy, entre otros cargos.
Ahora, en estos últimos días, se está realizando una agresiva campaña en redes sociales para publicitar la última de estas plataformas, la Plataforma Afectados Víctimas Covid-19. Una plataforma que ha dedicado buena parte de su corta existencia a reiterar una idea: no forman parte de ningún partido ni defienden ninguna posición política, un discurso compartido con las plataformas antes mencionadas.
Sin embargo, este caso no es diferente al resto. Entre los contactos de su página web victimascovid19.org podemos encontrar hilos de los que tirar y poner nombre y apellidos a sus fundadores.
En el apartado de ayuda psicológica, se hace referencia a un equipo liderado por una tal Pilar G. Vallejo, directora del Centro de Terapia PsicoEspiritual (CTPE), en cuya web sí aparece el nombre completo de su directora y fundadora, Pilar Gutiérrez Vallejo.
Hija de Joaquín Gutiérrez Cano –ministro durante la dictadura franquista y primer presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco– y sobrina-nieta del doctor Vallejo-Nágera –llamado el Mengele español–, se hizo conocida por sus profundas convicciones franquistas y en defensa de la no exhumación del dictador Franco.
Volviendo a la web de la Plataformas Afectados Víctimas Covid-19, en la pestaña de contacto se nos muestra un número de WhatsApp, que al buscarlo en internet nos lleva a un post de Facebook de la cuenta “Podemogolfos y SepaRatas, el fascismo hispanófobo” donde el numero se asocia a “rafapal” –de nombre completo Rafael Palacios López– un “periodista independiente” y escritor.
“Rafapal”, a través de su blog rafapal.com y de sus libros publicados trata temas conspiranoicos típicamente relacionados con la ultraderecha alternativa: negacionismo del holocausto, nuevo orden mundial, QAnon, ingeniería social contra el hombre blanco o el poder del lobby gay y feminista. También con una buena dosis de integrismo cristiano e incluso con una extensa cantidad de posts sobre vida extraterrestre.
No obstante, Rafael Palacios no solo es conocido por esta faceta, sino que ya apareció en numerosos medios hace ya un año, cuando fundó junto a Sandra Gutiérrez –hija de Pilar Gutiérrez Vallejo– la plataforma Elecciones Transparentes, que acusó al Gobierno de realizar un pucherazo en ambas elecciones generales de 2019.
Un bulo ampliamente refutado desde el principio por carecer de base o prueba alguna pero al que VOX dio una cierta validez, llegando a exigir un nuevo recuento.
Bajo un lema apolítico común de ayudar a las víctimas de una pandemia y sus familias se esconden iniciativas para blanquear financiación como donaciones y hacer política de la que es ya la mayor catástrofe en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial.
Donaciones de las que han hablado todos los partidos de diferente manera pero donde destaca el papel de VOX, que primero anunció que donaría la subvención a su Grupo Parlamentario a estas plataformas, fundadas y dirigidas por personas que participan directamente en el partido político, para luego manipular en su rectificación para mantener su discurso de oposición silenciada.
Una subvención que además plantea dudas jurídicas, como advierte el Tribunal de Cuentas. Dudas que también plantean estas plataformas al estar ya preparando herramientas para recibir donaciones a través de sus páginas web, a pesar de no cumplir con el código deontológico que obliga a esperar 45 días desde la catástrofe concreta antes de crear este tipo de iniciativas.
Prisas que hacen dudar de las verdaderas intenciones de algunas de estas asociaciones, que más que otorgar una manera de exigir responsabilidades, ante la falta de previsión o actuación ante una catástrofe, buscan ocupar un nuevo espacio con altavoz mediático y capacidad de recibir subvenciones.
Casi físico y periodista. Actualmente colaborando en EUSA NEWS y Agencia EFE.