Latinoamérica vive una turbulenta primavera entre anuncios de plebiscitos y huídas de presidentes

Chile cumple un mes de protestas que culminan con el anuncio del presidente Piñera de redactar una nueva constitución mientras Bolivia estrena presidenta después de que Evo Morales huyera a México tras el saqueo de su casa
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Anuncio de la redacción de una nueva Constitución en Chile. Foto: Listin Diario

Un mes se cumple justo hoy del inicio de las protestas más multitudinarias de la democracia chilena, que cumple en unos meses dos décadas. Lo que empezó como una protesta de los usuarios del metro, que entraban a este medio de transporte sin pagar, tras el anuncio de Sebastián Piñera de una subida en la tarifa, ha acabado con un histórico acuerdo para crear una nueva Constitución.

Chile es un país muy azotado en los últimos años. Reconocido en el resto del mundo por ser cabeza de una América Latina llena de golpes de estado y diversas revueltas, el país vive hoy uno de sus períodos de mayor incertidumbre. Desde el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuya violencia destruyó ciudades enteras, hasta el rescate de los mineros pasando por casos de corrupción variados y desastres naturales repetidos en el tiempo. Un país en el que en los últimos catorce años se han turnado dos presidentes en el poder, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

La violencia ha sido la tónica general en este mes de protestas. Algunas manifestaciones han acabado con graves incidentes que acabaron en la declaración de estado de emergencia y en un toque de queda que se prolongó casi una semana. En un discurso televisado ayer, el mandatario aseguró que la crisis no ha pasado y que en los últimos días ha sopesado volver a sacar a los militares a la calle.

Todo ello en medio de una certeza: el país tendrá una nueva constitución en 2020. Tras jornadas de negociación, los partidos alcanzaron el pasado martes de madrugada un acuerdo para la redacción de una nueva Constitución. El plebiscito que se celebrará en abril de 2020 no será para votar la nueva carta magna como tal, sino para decidir si se redacta o no la nueva constitución, y en caso de que gane el sí, para elegir que órgano se encarga de tal tarea. La primera opción es la ”convención mixta constitucional” que tendría sus cargos divididos a la mitad entre parlamentarios y ciudadanos escogidos para tal fin. Si gana la ”comisión constitucional” serán solo ciudadanos los que redacten el texto constitucional, según detalla en un amplío artículo la BBC.

La elección de los ciudadanos se realizará en octubre de 2020, como medida de ahorrar costes, al coincidir con la celebración de elecciones municipales, como cada cuatro años. Se utilizará el mismo sistema electoral que para elegir a los diputados en los tradicionales comicios.

Desde ese momento, el nuevo órgano tendrá un plazo de nueve meses para redactar la Constitución que sustituya a la creada por Augusto Pinochet. Solo se podrá pedir una prorroga de tres meses. Una vez que finalice el plazo, al cabo de diez días todos los chilenos estarán convocados a las urnas para ratificar la carta magna. Será un voto obligatorio, bajo multas para quien no participe del proceso. Sobre los plazos, esto se desarrollaría previsiblemente en mayo o junio de 2021. Será por tanto un proceso largo, que comprenderá cerca de dos años.

Este acuerdo es de suma transcendencia que la Constitución vigente rige de 1980, cuando el país vivía bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Pese a que el país lleva cerca de treinta años en democracia, la carta magna solo se había reformado, pero con la base de lo aprobado en los ochenta. En la última década ha habido nueve reformas, a una por año, salvo en 2016. En 2015, la presidenta Michelle Bachelet prometió la creación de una nueva Constitución, pero una serie de retrasos en el arranque del proceso acabó con la idea guardada hasta final de mandato.

Chile votará una nueva Constitución en un momento en el que el pueblo desconfía de tres de los principales poderes de la sociedad: política, fuerzas de seguridad y medios de comunicación. La brutalidad policial en las protestas, con duros vídeos de la actuación de Carabineros y la censura denunciada contra la televisión, con algunas excepciones, ha puesto en el disparadero a todo lo que suponga algo de poder en el país latinoamericano.

Mientras tanto, Bolivia no vive una mejor situación. La semana que concluía ayer comenzaba con la marcha de Evo Morales del país, tras las denuncias de fraude electoral en los comicios en los que resultó re-elegido presidente el pasado mes de octubre.

El 10 de noviembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le pidió la renuncia formalmente y retiró su apoyo al presidente, que huyó en la jornada del lunes 11, rumbo a México, donde su presidente, Andres Manuel López Obrador, le ofreció asilo politico, a él y a una veintena de cargos del gobierno. La tarde de ese lunes acabó con las dimisiones del vicepresidente del Gobierno y la presidenta del Senado, con la vicepresidenta Jeanine Añez, proclamándose como líder del país, al ser la autoridad de mayor rango disponible para ejercer el cargo.

La imagen de la nueva presidenta tomando posesión con una Biblia en la mano, siendo un país laico, suscitó una gran polémica en el país. En la tarde del jueves 14 numerosos grupos llamaron a no reconocer a la nueva presidenta y a defender al gobierno de Morales, que en un vídeo aseguró que volverá al país lo antes posible.

En cuanto a reacciones internacionales, es especialmente significativo que tras el reconocimiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el gobierno de Añez decidió expulsar al personal diplomático de Nicolás Maduro, que trabajaba dentro de la embajada del país venezolano, y nombrar a cercanos a Guaidó.

Desde EEUU, el precandidato demócrata, Bernie Sanders, calificó de ”golpe de Estado” a lo sucedido en Bolivia, y en una entrevista con Jorge Ramos, del canal Univision, defendió la lucha contra la pobreza del ex-presidente y su defensa del colectivo indígena.

Mientras tanto, en las últimas horas el ejecutivo boliviano denunció un intento de ataque a la mandataria del país por parte de un grupo criminal, con vinculación al narcotráfico, al que relacionó con el anterior Gobierno, aunque no ha ofrecido ninguna prueba, asegurando que lo harán cuando finalice el operativo que se está desarrollando.

En medio de esta situación, los ciudadanos denuncian el excesivo poder del ejército durante las protestas, gracias a un decreto que le exime de rendir cuentas, algo que fue condenado en un comunicado por la OEA. De momento, el balance de fallecidos es de 23 personas. Pese a que Jeanine Añez prometió convocar elecciones lo antes posible, el anuncio se retrasa ya una semana, aunque se escuda en que partidarios de Evo bloquean el parlamento.