Rajoy pide “prudencia” ante la insistencia de una reforma de la Constitución

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Con motivo del 38 aniversario de la actual Constitución, el Congreso ha sido testigo de un acto de homenaje en el que han participado las principales entidades políticas de este país. Una ceremonia en la que la protagonista ha sido la citada norma suprema española y no precisamente por el hecho de su trigésimo octavo "cumpleaños". La insistencia reciente de todos los partidos políticos, a excepción del PP, de cara a que se ponga en práctica una nueva reforma constitucional ha ocasionado que sea el mismo presidente del Gobierno el que se refiera a tales peticiones.

El máximo mandatario político español, Mariano Rajoy, ha sido tajante a la hora de afirmar que, a pesar de ser partidario de una nueva reforma de la Constitución, "no se van a acometer locuras ni mucho menos" sobre dicho tema. De hecho ha citado una serie de pilares básicos que no se modificarán; principios como el de soberanía nacional, la igualdad de los españoles, los derechos y libertades fundamentales, la pertenencia a Europa y las medidas tomadas en pilares básicos del Estado del bienestar como la educación, la sanidad y las pensiones. Una premisa que se fundamenta bajo el hecho de "saber claramente qué es lo que queremos modificar y qué es lo que no queremos modificar".

Sin embargo, la prudencia de Rajoy está lejos de lo solicitado constitucionalmente por el resto de los partidos que conforman la "tétrada" principal de la política nacional, incluso del propio Ciudadanos que, a pesar de haber sido pieza fundamental en el proceso de investidura, implora por una "modernización y actualización" de la Constitución "sin privilegios" para ningún territorio, pidiendo pues la supresión los aforamientos. Por su parte, PSOE y Podemos abogan incluso a la urgencia de la reforma, principalmente el último, que a través de dos de sus representantes, Pablo Echenique y Carolina Bescansa, reivindican una reforma global, teniendo en mente la ejecución de un referéndum público para que los ciudadanos voten sobre cualquier modificación que se apruebe en las Cortes Generales.

La última reforma que sufrió la vigente Constitución tuvo el lugar en el año 2011, en la que se votó a favor de establecer como prioritario el pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto del Estado en los Presupuestos.